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Asedio penal contra particulares

CARLOS POL 

Con la creación de los nuevos delitos penales según la Ley No. 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, es necesario analizar cautelosamente la descripción textual de uno de ellos, el denominado enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, que indica: “La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años (y) el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas… la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados”.

Este delito es autónomo y demasiado amplio, ya que no requiere de elementos que determinen la certeza de un delito cometido con anterioridad que provocó el crecimiento patrimonial foráneo (lavado de dinero) y el grado de afectación al Estado.

Esta amplitud es peligrosa, pues por simples suposiciones se puede dar lugar a un asedio penal en contra de personas y de empresas, solo por obtener un notable crecimiento patrimonial; los afectados tendrán que presentar pruebas y sufrirán de medidas muy represivas en la sustanciación del proceso penal en su contra. Es como si siguiéramos en el sistema inquisitivo, en el que el acusado era tratado desde el inicio como culpable, como un simple objeto procesal y no se reconocía la presunción de inocencia.

Literalmente, este delito apunta a criminalizar a más autores (enemigos) que hechos ilícitos, solo para reprimir y sancionar hechos sospechosos, bajo la premisa del riesgo social. Esta es una recusable hipertrofia penal e inconstitucional, considerando que el derecho penal solo debe aplicarse cuando los bienes jurídicos sean lesionados o exista un evidente peligro.

Al contrario, no debe utilizárselo abusivamente con fines políticos u extorsivos, bajo el precepto de ‘tolerancia cero’, para castigar con penas de esta naturaleza a más personas que los bienes jurídicos que se pretende proteger.

Tomado de eldeber.com.bo

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