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Dictadura, Fuerza y Derecho


(Lunes, 04 Diciembre 2017)

Fuente: eldia.com.bo ( por EDUARDO BOWLES) 

No vale la pena abundar sobre las aberraciones jurídicas que se han cometido para aprobar la cuarta postulación del presidente Morales. Todas son absurdas e insostenibles, aunque en el plano político una vez más se cumple el paradigma más importante del “proceso de cambio”, que no hace más que emular la motivación de Mefistófeles, quien personificaba al diablo en “Fausto”, la obra maestra del alemán Johann W. Goethe: “Si se tiene fuerza, se tienen derechos”, versión elegante de aquel “Meterle nomás aunque sea ilegal”.

En el Gobierno están convencidos de que esa fuerza proviene del pueblo y por eso les molesta mucho que se hable de dictadura y a lo mejor es porque no tienen intenciones de actuar como tal, es decir, con arma en mano y sin importar el derramamiento de sangre. En los últimos 11 años han aprendido a usar muy bien la justicia como método represivo y evitar las salpicaduras que tanto horror causaron en los años 60 y 70 del siglo pasado.

¿Se puede lograr tal cosa? ¿Es posible que, como dijo ayer el presidente Morales, su continuidad sirva para mantener la estabilidad y lograr que todos los bolivianos conserven sus empleos? Se trata de dos aspectos que, en honor a la verdad, el Gobierno ha controlado bastante bien en este tiempo, aunque el mérito ha sido de las excelentes condiciones externas, que multiplicaron los ingresos y permitieron derrochar en todas direcciones.

Aún así, se podría considerar que el oficialismo tiene la fuerza para capear el fin de esa bonanza y el recrudecimiento de la crisis económica, que comienza a mostrar su lado más feo. Solo para darse una idea, en este mes de diciembre, ingresarán 1.400 millones dólares menos a la economía producto de la reducción del monto global que se paga por aguinaldos. No estamos hablando de la suspensión del pago doble, sino de la caída del decimotercer sueldo, que obviamente está reflejando el achicamiento de la actividad en el país, es decir, cierre de empresas, despidos y en el mejor de los casos, el paso a la informalidad, pues el Banco Central también reveló que apenas el 20 por ciento de los trabajadores cobra este beneficio.

Menos plata del aguinaldo significará menos ventas, menos movimiento y, lamentablemente más quiebras y más despidos, incremento del malestar social, protestas y movilizaciones, mientras el Gobierno va dando señales de desesperación por la falta de dinero a través del incremento de las tarifas de electricidad y del gas y de un gasolinazo disfrazado. La plata que queda se gastará en campaña electoral, en comprar conciencias y mantener el aparato represivo capaz de contener los brotes de malestar que surgirán en todas direcciones. Ya ni siquiera habrá suficiente para seguir inflando la inversión pública con megaobras que activan la economía. En estas circunstancias, un líder democrático haría lo que hizo Siles Zuazo, Mesa e incluso Sánchez de Lozada, que pudo haber continuado con la fuerza de las armas. Este régimen tiene el talante de seguir los pasos del venezolano Nicolás Maduro.

El derecho a vivir en Democracia


(Lunes, 04 Diciembre 2017)

Por CIRO AÑEZ 

La Constitución boliviana, en el caso del cargo a presidente y vicepresidente del país, establece que podrán ser reelegidos solo una vez de manera continua (art. 168 CPE), siendo por lo tanto una de las reglas constitucionales de la democracia en nuestro país, la cual debe ser respetada y no debe ser cambiadas a simples caprichos de las autoridades de turno.

Cabe recordar que existen dos referéndums en Bolivia, en las cuales el soberano decidió que el periodo de mandato para presidente y vicepresidente de Estado sea cinco años y puedan ser reelectas por una sola vez de manera continua, estos son: 1) el referéndum de fecha 25 de enero de 2009 (aprobando el proyecto de Constitución prestado por el H. Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007 con los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional); y, 2) el referéndum de fecha 21 de febrero de 2016 mediante el cual el pueblo decidió por el NO a aquella pretensión a favor del actual presidente a postularse nuevamente a una elección. Cabe mencionar que el "No" ganó con algo más del 51% de los votos, mientras el "Sí" obtuvo algo menos del 49% de votos restantes, rechazándose el proyecto constitucional.

En Bolivia, los jefes de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) interpusieron una acción abstracta de inconstitucionalidad de los arts. 52.III, 64.d), 65.b), 71.c) y 72.b) de la Ley Nº 026 de 30 de junio de 2010 (Ley del Régimen Electoral), solicitando por este medio la inaplicabilidad de los arts. 156, 168, 285 y 288 de la Constitución y por consecuencia, la implementación de la reelección indefinida de autoridades en nuestro país.
Esta situación sin duda alguna posee un contexto eminentemente político pero en un escenario jurídico, lo cual motiva a un interesante debate académico.

Durante el atardecer del día martes 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó de ser guardián de la Constitución, pues alegando absurdamente aplicación preferente del art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica (CADH) sobre el art. 168 de la Constitución dispuso la inaplicación de normas constitucionales (arts. 168, 285 y 288 de la CPE), arrojando por la borda el derecho de los bolivianos a vivir en democracia.

Lo que ha sucedido es "Derecho ficción" y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. El TCP no tiene competencia para inaplicar normas constitucionales (como los son los arts. 168 y siguientes de la Constitución) y tampoco para interpretar a su libre arbitrio la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), dado que esa es una atribución privativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Independientemente de la búsqueda de responsabilidad en los magistrados por resoluciones contrarias a la Constitución y otros ilícitos incurridos, este fallo deberá ser interpretado en el año 2019 por parte del Tribunal Supremo Electoral, y el ciudadano podría exigir la inhabilitación del candidato en función de gobierno y en caso de rechazo, interponer Amparo Constitucional. Asimismo, sería muy interesante y útil desarrollar una doctrina sobre «el derecho a vivir en democracia» como derecho colectivo exigible mediante acción popular.

Cada ciudadano como miembro de la colectividad posee el “derecho de vivir en democracia” y esto implica entre otras cosas: «el respeto y el cumplimiento de sus decisiones y manifestaciones mediante mecanismos constitucionales como el referéndum (referéndum del 25 de enero de 2009, referéndum del 21 de febrero de 2016) además de la no concentración del poder político; que los servidores públicos sean responsables ante la comunidad que los elige; y, que exista la periodicidad en los cargos públicos conformes a las normas de la Constitución». Todo ello ha sido desconocido por el TCP.

Cuando hablamos de “democracia” es necesario hacer un ejercicio mental que nos posibilite recordar su concepto, cuya palabra es de origen griego que significademos, pueblo, conjunto de ciudadanos y kratos, autoridad o kratein, gobierno, es decir la participación del pueblo en la formación, conducción y control de los órganos del gobierno.

Es decir que la voluntad del pueblo es la base del poder público, como claramente lo expresa la Asamblea general de las Naciones Unidas.

El artículo 21 numeral 3) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala claramente: “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Este articulado constituye el nexo primordial entre democracia y derechos humanos. Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en los instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de ciertos grupos (por ejemplo, los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías, las personas con discapacidades, los trabajadores inmigrantes y sus familias) son igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la inclusión de todos los grupos, incluyendo la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y políticos.

No es correcto otorgar a la democracia un valor absoluto por cuanto ello implica confundir mayoría con unanimidad. Si la democracia es considerada un valor más allá de ciertos principios tales como división de poderes, la alternancia en el poder, transparencia del acto público, entre otros, nada impedirá que en nombre de una mayoría se vulnere los derechos de algún individuo. Sin duda alguna, es riesgoso que una persona sea considerada como un ser mesiánico y representante absoluto de la voluntad del pueblo, pretendiendo la consagración del poder a un solo clan.

Ante tal situación, resulta oportuno recuperar la idea de una democracia que implique el cuidado de principios directrices que no puedan ser menoscabados en nombre de una mayoría accidental. Si se suprime la formalidad de las elecciones o altera su desarrollo normal porque solo importaría la imaginaria sustancia del deseo del pueblo que aparece ante los caudillos cual revelación mística, se termina legitimando un régimen absolutista y abusivo, tal como sucedió con dictaduras cuyos líderes electos democráticamente, y en nombre de esa democracia avasallaron con los derechos básicos del hombre así como el nacional socialismo (nazi) con sus aberrantes y deplorables crimines cometidos pretendiéndose ampararse en la ley.

De allí que debemos entender que la democracia al no poseer un valor absoluto constituye en realidad una estupenda herramienta para alternar el poder pacíficamente y cambiar cuando una fuerza, un movimiento o un partido político no ha sabido ser congruente con las finalidades prometidas.

Esta herramienta valiosa tiene que ser utilizada por toda la nación para exigir mayores libertades y no someterse perpetuamente a la voluntad de una élite política que llega apoderarse del aparato gubernamental.

De esta manera el sistema democrático posibilita la no concentración del poder político en uno o unos pocos, que los servidores públicos sean responsables ante la comunidad que los elige, que exista de forma objetiva la periodicidad en los cargos públicos, que se conozcan los actos de gobierno incentivando la transparencia en sus funciones.

La instauración y preservación de la democracia supone una contienda permanente contra los residuos del autoritarismo, pregonando el Estado Social y Democrático de Derecho, afianzando los derechos y las libertades de todos, oponiéndonos contra cualquier tipo de violencia sea ésta partidaria o no, enfocando y aunando los esfuerzos para lograr una verdadera paz social en toda la amplitud de su significado.

De allí que el “vivir bien”, “vida armoniosa” y “vida buena” como principios éticos morales de la sociedad plural prevista en el art. 8.I de la Constitución boliviana (CPE) trae consigo mayor relevancia dentro de un Estado democrático (art. 1 CPE).

Estos principios éticos morales se encuentran por lo tanto íntimamente ligados a una vida de respeto de los Derechos Humanos y en consecuencia los Derechos Humanos son la ética de la democracia.

La democracia prevé el pluralismo y el derecho a disentir, por cuanto se fundamenta en el derecho, no así en el temor, en contraste con el abuso del poder y la secrecía de las autocracias o las cleptocracias totalitarias, implica también transparencia en la información, medios de comunicación libres, responsables y comprometidos con la verdad tanto de los servidores públicos como de los medios de comunicación y el acceso a la educación, salud, medios de producción y estabilidad para los ciudadanos.

Una de las principales características de la democracia es el sufragio universal, el respeto y cumplimiento de sus resultados.

En contrapartida, un sistema que no garantice estas libertades mínimas no puede ser catalogado de democrático. Por ende, cualquier acción u omisión que se realice desde el gobierno, menoscabando las libertades democráticas, como ser el respeto al voto, el cumplimiento de la voluntad popular manifestada mediante los referéndums, dejando así de lado el desarrollo de un estado social democrático de derecho, trae consigo un claro revés en la construcción de una verdadera democracia.

El referéndum en palabras de López Guerra, consiste en el sometimiento de una resolución a un conjunto de todos los ciudadanos, para que pronuncien sobre su acuerdo o desacuerdo con ella; representa, pues, una manifestación directa de la voluntad popular.

Ahora bien, así como el ciudadano es tomado en cuenta y realiza una manifestación directa de la voluntad popular (referéndum del 2009 y referéndum del 2016), del mismo modo, amerita que éste cuente con un mecanismo constitucional tutelar que proteja aquella decisión tomada por ese conjunto de todos los ciudadanos, máxime si son derechos implícitos de vivir en democracia.

Toda persona perteneciente a la colectividad o comunidad tiene el derecho de vivir en democracia y en consecuencia debe exigir su tutela correspondiente.

El vivir en democracia es un derecho colectivo por cuanto se trata de intereses comunes a un grupo o colectividad, cuyos miembros tienen una vinculación común; colectividad que, por ello, se encuentra claramente determinada, esto es, la nación boliviana prevista en el art. 3 de la Constitución.

El derecho a vivir en democracia sin duda alguna es un interés común de toda la nación boliviana, si no fuese así, no tendría sentido haberse constituido como tal y establecerse como modelo de Estado de un país llamado Bolivia, constituido en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, tal como prevé el primer artículo de la Constitución.

En ese sentido, es incorrecto entender el derecho a vivir en democracia como si se tratase únicamente de un derecho individual, por cuanto es un derecho de toda la nación boliviana en su conjunto y en consecuencia cualquier defensa de éste derecho no puede ser entendido como una acción que busca intereses particulares, más aún cuando el daño a ocasionarse es a una generalidad de personas perteneciente a la colectividad.

En el marco de una interpretación integradora y extensiva, considero que para toda la región latinoamericana amerita el desarrollo de una doctrina constitucional sobre la acción popular como mecanismo constitucional de tutela a favor del “derecho colectivo a vivir en democracia”, posibilitando de esta manera, que las personas pertenecientes a la colectividad puedan hacer valer su voluntad expresada mediante referéndums que no autorizan la reelección indefinida en sus países, máxime por lo pernicioso y nocivo que esto representa, dado que todo candidato oficial goza de enorme ventaja competitiva frente a los demás candidatos por cuanto tiene a su merced toda una maquinaria publicitaria, estatal, entre otras, resultando ser totalmente discriminatoria y vulneratoria de derechos y garantías constitucionales.

Bolivia: la Constitución del Estado Plurinacional es nula


(Domingo, 03 Diciembre 2017)

Fuente: carlossanchezberzain.com (Por CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍN)

Ningún recurso puede habilitar a Evo Morales, ni legalizar su sistema, porque toda la estructura constitucional en la que se ampara el régimen es ilegal, ya que la Constitución de su estado plurinacional es nula de pleno derecho y es solo la frágil careta de un gobierno de facto.

En Bolivia se ejecuta otra maniobra para la permanencia indefinida en el poder, pese al mandato del referéndum de 21 de febrero de 2016 en el que el pueblo dijo NO. Es otra operación castrochavista que busca seguir simulando una democracia que no existe, poniendo en escena un recurso constitucional para que sus jueces manipulados falseen la prohibición de reelección establecida en su constitución, que en el tema ya violaron dos veces. Ningún recurso puede habilitar a Evo Morales, ni legalizar su sistema, porque toda la estructura constitucional en la que se ampara el régimen es ilegal, ya que la Constitución de su estado plurinacional es nula de pleno derecho y es solo la frágil careta de un gobierno de facto.

La situación de la que hoy es víctima Bolivia está documentada en la denominada “agenda de Octubre”, el acuerdo político de octubre de 2003 para justificar el derrocamiento del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada por la llamada “guerra del gas”. Los nuevos detentadores del poder -Evo Morales, Carlos Mesa, Felipe Quispe, otros y los denominados movimientos sociales- establecieron como objetivos de la triunfante conspiración “la convocatoria a asamblea constituyente”, “la nacionalización de hidrocarburos”, “la persecución al gobierno derrocado”, “borrar a los partidos políticos”, “antiimperialismo”.

La Constitución Política del Estado de la República de Bolivia (CPE) reformada en 1994 -marco legal en el que se firma y se ejecuta la “agenda de Octubre”- NO admite la “reforma total de la Constitución” ni la convocatoria a Asamblea Constituyente, pues instituye un sistema de “reforma parcial” que se inicia con una ley de necesidad de la reforma en un periodo constitucional que se puede aprobar o rechazar en el siguiente periodo constitucional, procedimiento destinado a evitar que los reformadores se beneficien con los cambios, sobretodo en lo relativo a la reelección del Presidente.

La CPE determina en su Artículo 230 que: “Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa declaración de la necesidad de reforma, la que se determinará con precisión en una ley ordinaria aprobada por dos tercios de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”……; y en su Art. 231 que: “En las primeras Sesiones de la Legislatura de un nuevo periodo constitucional se considerará el asunto por la Cámara que proyectó la reforma y, si ésta fuere aprobada por dos tercios de votos, se pasaran a la otra para su revisión, la que también requerirá dos tercios”.

Cumpliendo el mandato precedente, en de agosto de 2002 (antes del derrocamiento de Octubre de 2003) se había promulgado la ley de “necesidad de reformas de la Constitución Política del Estado” que proponía cambios en los Arts. 231,232 y 233, en el sistema de “reforma parcial de la Constitución” introduciendo el “Referéndum Constitucional para aprobar o rechazar la reforma”, de manera que en lugar de aprobarse la reforma constitucional solo en el Congreso lo haría un referéndum.

Para ejecutar la “agenda de octubre” usaron la ley de necesidad de la reforma de agosto de 2002, pero suplantando su contenido. Promulgaron la ley 2631 de “Reforma de la Constitución Política del Estado” el 20 de febrero de 2004 ignorando la ley de necesidad de la reforma e introduciendo “la asamblea constituyente” para la “reforma total de la Constitución”, cometiendo, falsedad, suplantación, violación de la Constitución porque una ley de reforma constitucional solo se puede “aceptar o rechazar”, no es modificable y no está permitida ni es posible la “reforma total de la Constitución”. Por eso, la ley 2631 de reforma constitucional de 2004 es nula de pleno derecho por mandato del Art. 31 de la Constitución, que enseña: “son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

La comparación de los textos de la ley de necesidad de reforma con la ley de reforma constitucional prueban los crímenes cometidos y la nulidad absoluta: Ley de necesidad de reforma, texto propuesto dice, “Art. 232 La Reforma Constitucional quedará aprobada con la mayoría simple de votos válidos favorables emitidos en el Referéndum Constitucional y pasará al Ejecutivo para su promulgación sin que el Presidente de la República pueda observarla o vetarla”. La Ley de reforma constitucional, texto aprobado dice, “Art. 232 La Reforma total de la Constitución Política del Estado es potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley Especial de convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de elección de los constituyentes, será sancionada por dos tercios de voto de los miembros presentes del H. Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el Presidente de la República”.

De esta manera la trampa estaba lista y Evo Morales como primer acto de su gobierno promulgó la ley 3464, de 6 de marzo de 2006, convocando a la “Asamblea Constituyente” en base a la írrita reforma constitucional de 20 de febrero de 2004. Esta ley de convocatoria contiene disposiciones que también fueron violadas, por ejemplo: El Art. 6 estableció su sede en Sucre la Capital de la República, pero trasladaron su sala de sesiones a un cuartel y -luego de la masacre de “la Calancha” ejecutada en Sucre por Evo Morales- la Asamblea terminó en la ciudad de Oruro; el Art. 24 estableció la duración de la Constituyente en “un periodo de sesiones continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni mayor a un año calendario a partir de su instalación”, y pasado el año no había aprobado nada y por lo tanto había cesado en su competencia (si tenía alguna), pero siguieron; el Art. 25 establecía que “la Constituyente aprobará el texto de la Nueva Constitución con dos tercios de votos…” y el nuevo texto terminó siendo redactado clandestinamente y aprobado por el Congreso Nacional, ignorando el de la Constituyente.

Si los delitos hasta aquí demostrados no son suficientes, aprobaron la ley 3941 promulgada por Morales el 21 de octubre de 2008 “interpretativa” del Art 232 (ya suplantado en la nula reforma constitucional de 2004) aumentándole el texto siguiente: “Concluido el proceso constituyente y recibida la propuesta constitucional, para ser sometida a consideración del pueblo soberano, el H. Congreso Nacional podrá realizar los ajustes necesarios sobre la base de la voluntad popular y del interés nacional, por Ley especial del Congreso, aprobada por dos tercios de votos de sus miembros presentes…

De esta manera “ajustaron la constitución a su medida” y con persecución política, masacres en la Calancha, Provenir, Las Américas, Cochabamba… con presos y exiliados políticos y con fraude, aprobaron su “constitución en el modelo castrochavista”, crearon el “estado plurinacional de Bolivia” suplantando la República de Bolivia, buscando dividir la “nación boliviana” alentando la lucha entre nacionalidades para multiplicar la confrontación entre bolivianos, suprimieron las instituciones democráticas tomando control total e indefinido del poder y procedieron a organizar su nuevo orden dictatorial hoy señalado como narcoestado.

Ahora en Bolivia el castrochavismo manipula su sistema para “habilitar al jefazo Evo Morales”, fraguando la decisión de un tribunal infame, preparando fraude electoral para mantenerse en el poder como garantía de impunidad para mistificar la crisis económica, tapar sus crímenes, su corrupción y el narcoestado. Igual que en Venezuela, Cuba, Nicaragua…, pero su constitución es nula, sus actos son delictivos y el pueblo boliviano lo sabe.

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